Tras la exitosa captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el Comité Cívico Pro Santa Cruz ha manifestado una postura firme respecto a la red de encubrimiento que permitió que el fugitivo permaneciera en el país durante tanto tiempo. El presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, subrayó que la detención no debe ser el cierre del caso, sino el inicio de una auditoría exhaustiva para identificar y sancionar a los funcionarios, policías y fiscales que habrían facilitado la estadía del capo en territorio nacional.

Cochamanidis señaló que el hecho de que Marset viviera "a sus anchas" en Santa Cruz evidencia la existencia de estructuras de protección que operaron en gestiones pasadas y que posiblemente aún mantienen nexos activos. Para el líder cívico, es imperativo que las investigaciones alcancen a todos los niveles de mando que, por acción u omisión, permitieron que uno de los delincuentes más buscados de la región circulara sin restricciones. En sus declaraciones, enfatizó que Bolivia no puede seguir siendo percibida como un refugio de impunidad para el crimen organizado transnacional.

Desde el Comité Cívico se instó al Gobierno Nacional a actuar con total transparencia y a despolitizar la investigación, de manera que caigan todos los responsables, independientemente de su filiación o rango. Esta demanda se suma a las voces de otros sectores de la oposición y de legisladores que cuestionan la fragilidad institucional que Marset logró penetrar para establecer su base de operaciones en el corazón de Santa Cruz.