Bolivia ingresa oficialmente a la quinta semana de un agresivo bloqueo de carreteras promovido por sindicatos obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida de presión ha asfixiado el aparato productivo nacional, profundizando una severa crisis económica que el país arrastra desde 2023. De acuerdo con proyecciones gremiales, los daños financieros acumulados ya superan los 1.600 millones de dólares, golpeando con fuerza a la industria, el suministro de alimentos, el comercio exterior y el turismo.

El origen del conflicto político y social Las movilizaciones camineras comenzaron a principios de mayo por demandas sectoriales específicas; sin embargo, escalaron rápidamente hasta convertirse en un cerco nacional conducido por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Campesinos de La Paz 'Tupac Katari' y bloques afines al expresidente Evo Morales.

Los sectores movilizados justifican sus medidas de presión denunciando un supuesto incumplimiento de promesas por parte del Órgano Ejecutivo, al que además acusan de pretender privatizar servicios básicos y empresas estatales mediante nuevos proyectos normativos enfocados en las áreas de hidrocarburos y energías; argumentos que han sido desmentidos de forma reiterada por las autoridades gubernamentales.

El presidente Rodrigo Paz asumió el mandato en noviembre pasado en un escenario macroeconómico sumamente complejo, caracterizado por la escasez crónica de dólares en el sistema financiero, un agudo desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio y un índice inflacionario que al cierre de 2025 escaló de manera alarmante hasta situarse en el 20,40 %.

Desabastecimiento generalizado e impacto en las regiones Las consecuencias de los 90 puntos de bloqueo activos en el país se sienten con rigor en las principales capitales de departamento:

La Paz y El Alto: Al constituirse en el epicentro político del conflicto, sufren un severo desabastecimiento de productos de la canasta familiar, escasez de medicamentos y oxígeno medicinal en los centros hospitalarios de tercer nivel.

Cochabamba y Santa Cruz: En el eje central y el oriente del país, toneladas de productos agropecuarios e industriales destinados a la exportación o al consumo interno se pudren en los camiones varados sobre el asfalto, generando pérdidas irreparables para los productores medianos y pequeños.

Logística nacional: El suministro de diésel y gasolina se ha visto nuevamente interrumpido, lo que obliga a la población y al transporte pesado a realizar filas kilométricas que se prolongan por varios días en los surtidores.

El millonario costo financiero e institucional de la crisis El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, detalló que el perjuicio económico directo asciende de forma preliminar a "1.680 millones de dólares", tomando como base las estimaciones elaboradas por la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Rodríguez alertó que, más allá de la pérdida cuantificable en dinero, existe un "alto costo intangible" relacionado con el deterioro de la "imagen-país", lo cual se traduce en la pérdida de contratos comerciales de exportación, fuga de inversionistas extranjeros y la cancelación total del flujo turístico hacia Bolivia.

El representante del IBCE recordó que en 2025 la economía boliviana experimentó una "estanflación", registrando un decrecimiento del 1,58 % en su Producto Interior Bruto (PIB) combinado con una inflación de dos dígitos que mermó el poder adquisitivo de los salarios. "Si a esto se suma el negativo impacto de los bloqueos sobre sectores como el agropecuario, industrias, el comercio exterior y el transporte, la crisis se ha profundizado y ha aumentado la pobreza", advirtió, proyectando que el 2026 camina a convertirse en el cuarto año consecutivo de contracción económica.

Por su parte, el economista Fernando Romero señaló en un análisis técnico que el mes de mayo califica como uno de los períodos más costosos y perjudiciales para Bolivia desde la crisis política del año 2019.

Según las estimaciones de Romero, si las pérdidas globales logran aproximarse a los 2.000 millones de dólares, el impacto real equivaldrá a una banda de entre el 3,6 % y el 4 % del PIB nominal registrado en la gestión 2025. "El daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas. En una economía que ya venía de contracciones de -1,12 % y -1,58 % en los dos años previos, este choque profundiza más el decrecimiento", concluyó el especialista, coincidiendo en que la reactivación dependerá de restaurar la credibilidad financiera y la estabilidad institucional del Estado.