La Fiscalía Especializada Anticorrupción presentó una imputación formal contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por la presunta comisión del delito de desobediencia. La acusación se enmarca en el denominado caso Mercado Mutualista, relacionado con el incumplimiento de una sentencia constitucional. La noticia de la imputación ha generado atención en la esfera política y judicial del municipio cruceño.

En respuesta a la imputación, el vocero municipal, Bernardo Montenegro, ratificó en conferencia de prensa la presencia de Jhonny Fernández a la citación judicial. El alcalde está convocado para declarar el 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana por el caso de incumplimiento dentro de los predios del Mercado Mutualista. Montenegro aseguró que el burgomaestre, "respetuoso de la legalidad", asistirá y demostrará que cumplió con los requerimientos de la Justicia.

El vocero municipal enfatizó que el alcalde Fernández ya dio la instructiva necesaria para dar cumplimiento al fallo emanado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde el 19 de diciembre de 2024, y la reiteró este año. La defensa municipal sostiene que la acusación de incumplimiento no tiene sustento, ya que el alcalde cumplió con su deber al emitir la orden correspondiente. La postura es que la imputación se basa en un error o desconocimiento de las acciones ejecutadas.

A pesar de la imputación, Jhonny Fernández defendió su postura, indicando que no se niega a cumplir ninguna sentencia, sino que busca defender el patrimonio cruceño. El burgomaestre argumentó que la persona que solicitó los planos de uso de suelo y certificados catastrales (Nelson Crapuzzi), que ordena la sentencia SCP 0531/2024-S3, no figura como propietaria del terreno según el registro de Derechos Reales. Por ello, la Alcaldía exige que el propietario se apersone con la documentación y requisitos en regla.

La imputación de la Fiscalía indica que el alcalde incumplió la sentencia de julio del año pasado, la cual ordenaba entregar documentación municipal a una persona privada. Sin embargo, el director jurídico de la Alcaldía, Juan Carlos Honor, respalda la posición del burgomaestre. Honor sostiene que, aunque existe la orden judicial, el accionante, Nelson Crapuzzi, no está registrado como propietario, lo que fundamenta la necesidad de verificar la titularidad antes de entregar información sensible sobre el predio.