El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, solicitó que el proyecto de Ley Antibloqueos sea debatido directamente en el pleno de la Cámara de Diputados, argumentando que la iniciativa permanece paralizada desde diciembre de 2025 sin haber recibido el tratamiento correspondiente en la Comisión de Justicia.

El legislador recordó que el proyecto fue remitido a dicha comisión, la cual, de acuerdo con el reglamento legislativo, debía emitir un pronunciamiento en un plazo de 15 días. Sin embargo, señaló que han transcurrido cerca de seis meses sin que exista un avance en el análisis de la propuesta.

Ante esta situación, Alarcón indicó que el reglamento de la Cámara le permite solicitar que el tratamiento del proyecto se realice directamente en sesión plenaria para acelerar su consideración. Según afirmó, la reciente coyuntura nacional, marcada por más de 50 días de bloqueos, evidencia la necesidad de contar con una normativa específica que sancione este tipo de medidas cuando afecten la circulación y la actividad económica del país.

El parlamentario explicó que la propuesta contempla diferentes niveles de sanción según el grado de participación en los bloqueos. El proyecto establece penas de entre tres y seis años de prisión para quienes participen en el bloqueo de vías públicas.

Asimismo, la iniciativa plantea condenas de cinco a ocho años para promotores, organizadores, directores e instigadores de estas acciones. Las sanciones más elevadas, que van de 10 a 20 años de cárcel, estarían dirigidas a quienes ejerzan actos de violencia durante las movilizaciones y pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.

Alarcón sostuvo que los recientes conflictos sociales, que provocaron pérdidas económicas, problemas de abastecimiento y afectaciones en la infraestructura vial, reactivaron el debate sobre la necesidad de aprobar una norma que regule y sancione este tipo de acciones.

El diputado insistió en que el tratamiento del proyecto debe realizarse a la brevedad posible para que el Legislativo pueda debatir una propuesta que, según indicó, busca evitar futuras afectaciones a la economía y a la libre transitabilidad en el territorio nacional.