Surgen cuestionamientos en torno al operativo vinculado al caso de Sebastián Marset, ante información sobre la llegada de efectivos policiales desde La Paz para intervenir sin la presencia de fiscales.

Según los reportes, estos policías habrían sido enviados por el Ministerio de Gobierno, lo que genera preocupación por la falta de coordinación con el Ministerio Público, instancia que, de acuerdo con la normativa, debe participar en este tipo de acciones para garantizar equilibrio en los procedimientos.

También se menciona la presunta influencia de dos coroneles retirados sobre Marco Antonio Oviedo, quienes estarían involucrados en la organización de estructuras internas.

En este contexto, se advierte el riesgo de que el caso pueda derivar en situaciones de extorsión, recordando antecedentes como el caso denominado “terrorismo”, donde se denunciaron presiones a empresarios.

Las observaciones apuntan a la necesidad de que las actuaciones se realicen en el marco de la coordinación institucional y el respeto a los procedimientos legales, para evitar escenarios de indefensión.