La gestión escolar 2026 comenzó este lunes 2 de febrero en todo el país bajo la Resolución Ministerial 0001/2026, una normativa que introduce cambios en la convivencia escolar, la planificación pedagógica y el sistema de evaluación, al tiempo que reactiva el debate sobre el rumbo de la educación boliviana y la necesidad de reformar la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez, vigente desde 2010.

Entre las disposiciones más visibles figura la prohibición del uso de teléfonos celulares en el aula, tanto para estudiantes como para docentes, medida que busca reducir distracciones y reforzar prácticas tradicionales de lectoescritura.

La resolución también ratifica que el uso del uniforme no es obligatorio y que ningún estudiante puede ser impedido de ingresar a clases por no portarlo, aunque permite que cada unidad educativa defina su reglamento interno mediante consensos con la comunidad educativa.

Otro punto central es la eliminación de los textos escolares oficiales para esta gestión.

En su lugar, se promueve que los maestros elaboren materiales propios y sugieran bibliografía complementaria, siempre que no implique gastos excesivos para las familias.

Este cambio coloca al docente como eje del proceso pedagógico y ha generado debate en el magisterio.

En cuanto al calendario escolar, la normativa garantiza 200 días hábiles efectivos de clases, elimina actividades extracurriculares impuestas y flexibiliza la programación según contextos regionales.

Las labores concluirán el 2 de diciembre y el cierre administrativo está previsto para el 11 del mismo mes.

El sistema de evaluación también fue modificado. Se elimina la dimensión “decidir” y se redefine la ponderación de la siguiente manera: “ser” 10 puntos, “saber” 45 puntos, “hacer” 40 puntos y autoevaluación 5 puntos.

El mayor peso otorgado al componente “saber” es interpretado por sectores docentes como un intento de reequilibrar el valor del conocimiento académico.

Este inicio de clases coincide además con el anuncio del Ministerio de Educación de revisar y reformar la Ley Avelino Siñani–Elizardo Pérez.

Desde la cartera de Estado se señaló que el proceso será participativo y que el magisterio tendrá un rol central, especialmente ante las observaciones sobre contenidos poco secuenciales y brechas entre la educación secundaria y la universitaria.

Los diagnósticos recientes refuerzan la preocupación. Evaluaciones aplicadas a estudiantes de secundaria revelan bajos niveles de rendimiento en matemáticas, ciencias y escritura, mientras que informes de la sociedad civil advierten dificultades generalizadas en comprensión lectora y matemática en primaria, además de brechas territoriales y étnicas.

A esto se suma que más de 300.000 adolescentes y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo.

Con una inversión cercana al 8% del PIB y casi tres millones de estudiantes en educación regular, la gestión escolar 2026 se perfila como un año decisivo.

Las nuevas reglas, sumadas al debate estructural sobre el modelo educativo, colocan a la educación en el centro de la agenda nacional, con el desafío de transformar las promesas de reforma en mejoras reales dentro del aula.