El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió el Instructivo N° 19/2025 ordenando a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del país organizar jornadas especiales para verificar si se están cumpliendo los plazos legales de las detenciones preventivas. La disposición fue firmada por el presidente del TSJ, Dr. Romer Saucedo Gómez, y fue enviada a todas las autoridades judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia este 25 de agosto.

La medida responde a la obligación del TSJ de velar por una justicia pronta y correcta, tal como lo establece la Constitución Política del Estado y las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

El instructivo menciona específicamente los principios de celeridad y debido proceso, además de recordar que estos derechos están protegidos por tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Las jornadas de verificación deberán realizarse en todos los juzgados y cárceles del país, e involucrarán también al Ministerio Público, la Defensa Pública, Régimen Penitenciario y cualquier otra institución pública o privada que se considere necesaria.

El objetivo es revisar todos los casos donde una persona esté detenida preventivamente, asegurando que la medida no se haya extendido más allá del tiempo legal permitido.

En casos donde el detenido se encuentre en una cárcel distinta al lugar donde se lleva su proceso, se debe gestionar su traslado para que participe en la audiencia correspondiente. Si eso no es posible, de forma excepcional se permitirá el uso de medios tecnológicos para que asista de manera virtual.

El TSJ también aclara que los jueces pueden hacer estas revisiones incluso sin que la defensa lo pida, actuando “de oficio”, es decir, por iniciativa propia. La disposición cita principios del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que señala que el juez debe actuar con equidad, sin violar la ley, pero considerando las particularidades de cada caso para resolverlos de forma justa.

Los presidentes de todos los Tribunales Departamentales tienen 24 horas, desde la notificación de esta orden, para poner en marcha la organización de estas jornadas. La instrucción debe ser aplicada en todos los distritos judiciales del país, sin excepción.