En una nueva y drástica medida para endurecer las políticas migratorias, el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la suspensión de la tramitación de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 naciones. Según el Departamento de Estado, esta decisión busca frenar la llegada de extranjeros que podrían representar una "carga pública" excesiva, señalando que los niveles actuales de recepción de prestaciones sociales por parte de inmigrantes son inaceptables para el erario estadounidense.

La medida, que entrará en vigor el próximo 21 de enero, tiene como objetivo principal reducir los gastos estatales y priorizar los intereses de los contribuyentes locales. El portavoz del Departamento de Estado indicó que se ha instruido a los funcionarios consulares para que rechacen solicitudes bajo la legislación vigente mientras se revisan y endurecen los requisitos de aprobación, enfocándose en la capacidad financiera de los solicitantes para mantenerse sin ayuda del gobierno.

La lista de países afectados es extensa e incluye tanto a naciones con relaciones tensas como Rusia, Irán y Somalia, como a aliados estratégicos entre los que destacan Brasil, Colombia, Egipto y Tailandia. En el continente americano, la suspensión también alcanza a países como Cuba, Haití, Uruguay, Guatemala y Nicaragua, dejando fuera de esta restricción particular a naciones como Argentina, según los reportes oficiales preliminares.

Esta disposición se fundamenta en una interpretación estricta de la cláusula de “carga pública” de la ley migratoria de Estados Unidos. Bajo estas reglas más rigurosas, los cónsules evaluarán factores determinantes como la edad, el dominio del idioma inglés, el estado de salud y los antecedentes de asistencia social de los solicitantes, con el fin de impugnar preventivamente a cualquier persona que tenga altas probabilidades de requerir ayuda estatal en el futuro.

La revocación masiva de visados —que ya supera las 100,000 anulaciones desde el retorno de Trump al poder— marca el inicio de una etapa de mayor hermetismo fronterizo. Analistas internacionales coinciden en que esta política representa el eje central de la agenda de la administración republicana, que busca demostrar firmeza ante su electorado mediante el control estricto de la inmigración y la reducción del gasto fiscal vinculado a extranjeros.