Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante el proyecto de Ley Transitoria para la Selección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalando que la propuesta actual podría repetir errores observados en procesos anteriores y debilitar la credibilidad del órgano electoral.

La Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) y la Fundación Jubileo recomendaron que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que asumirá funciones el 8 de noviembre, sea la encargada de conducir este proceso clave para la democracia, considerando que el mandato de los actuales vocales concluye el 19 de diciembre de 2025.

Según el pronunciamiento conjunto, el proyecto impulsado por la ALP saliente presenta falencias como: revisión superficial de hojas de vida, entrevistas sin parámetros objetivos, falta de transparencia en la publicación de criterios y resultados, aplicación desigual de requisitos, invisibilización de denuncias y ausencia de evaluación real de probidad e independencia política. Además, advirtieron que no es legítimo que una Asamblea saliente imponga un marco normativo que corresponde a la nueva legislatura.

Recomendaciones de la sociedad civil

Las entidades instaron a que la futura Asamblea apruebe un reglamento que cumpla con estándares internacionales de independencia, legalidad, probidad, equidad, objetividad y transparencia. Entre las sugerencias destacan:

• Publicidad integral de todas las etapas del proceso y expedientes.
• Evaluaciones con puntajes objetivos y escalas definidas previamente.
• Inclusión real de veeduría ciudadana, en igualdad de condiciones frente a veeduría internacional.
• Participación activa de universidades y expertos independientes en todas las fases.
• Metodologías claras para la evaluación oral y técnica.
• Incentivos para garantizar equidad de género.

Las organizaciones convocaron a medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía en general a ejercer vigilancia activa sobre el proceso, con el fin de evitar un ciclo de discrecionalidad que pueda poner en riesgo la institucionalidad democrática del país.