La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, que establece que el nivel central del Estado asumirá el financiamiento de los prediarios de los reclusos, el bono de vacunación y otros beneficios, responsabilidades que hasta ahora estaban a cargo de las gobernaciones.

La norma dispone que estos gastos serán cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), inscritos en los presupuestos institucionales de las entidades competentes del Gobierno central. Además, establece que no podrán efectuarse débitos automáticos ni transferencias de recursos por estos conceptos a los gobiernos departamentales.

El proyecto también determina que los recursos destinados a los diplomas de bachiller sean responsabilidad del nivel central del Estado. La norma fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y posible sanción.

La aprobación responde a una demanda planteada por las gobernaciones del país, que cuestionaron en reiteradas ocasiones la asignación de estas obligaciones sin contar con el financiamiento correspondiente. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, había solicitado que estas responsabilidades sean asumidas por los ministerios de Gobierno, Salud y Educación.

Estas obligaciones fueron transferidas a los gobiernos departamentales mediante la Ley 3302, aprobada en 2005, que les asignó el pago del prediario, el bono de vacunación, becas universitarias y contrapartes para riego y electrificación.

El presidente del Senado, Diego Ávila, señaló que la norma devuelve al nivel central la competencia y la asignación de recursos para estas obligaciones, que durante años fueron asumidas por las autonomías.

La ley establece que serán financiados con recursos del Tesoro General de la Nación:

El costo del prediario y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario. El bono de vacunación, viáticos de vacunación, escalafón al mérito y otros beneficios económicos nacionales del sector salud. Las becas universitarias creadas o administradas por políticas y programas del nivel central del Estado. El mantenimiento y reposición de infraestructura deportiva de propiedad o responsabilidad del nivel central, además de programas nacionales.

Anteriormente, estos gastos eran cubiertos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Sin embargo, la disminución de la producción y exportación de gas generó un déficit que fue advertido por las gobernaciones.

La norma también señala que la participación financiera de los gobiernos autónomos departamentales en proyectos de riego y electrificación deberá definirse mediante acuerdos o convenios intergubernativos, estableciendo los aportes, responsabilidades, fuentes de financiamiento y plazos de ejecución.