A dos días de la liberación de los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, afirmó este domingo que en el país no habrá “ningún perseguido” y que el Órgano Judicial no funcionará como un “instrumento de persecución ni de derecha ni de izquierda”.

Las declaraciones se dieron durante un acto en Montero, donde Saucedo y el recién liberado gobernador Camacho fueron distinguidos. El magistrado reiteró además su llamado a los bolivianos exiliados para que regresen al país, asegurando que la Justicia ha recuperado su independencia y que se garantizará el derecho al debido proceso. “A todos nuestros compatriotas que están fuera. Vuelvan a su casa, vuelvan con su familia, la Justicia se ha restablecido en Bolivia y vamos a garantizar el derecho al debido proceso, nunca más ningún perseguido”, escribió recientemente en su cuenta de X.

La excarcelación de los exlíderes cívicos se dio tras un instructivo del TSJ, cinco días después de las elecciones que marcaron el declive del Movimiento Al Socialismo (MAS) después de 20 años en el poder. Para algunos analistas, la liberación de Camacho y Pumari, junto con fallos judiciales favorables a la ex presidenta Jeanine Añez, refleja la derrota política del oficialismo y evidencia la larga subordinación del sistema judicial al poder de turno.

Saucedo recordó que la sala plena del tribunal lleva apenas siete meses en funciones y pidió paciencia a la población. “Estamos haciendo las cosas de cara al pueblo; el compromiso es con Bolivia, con la democracia, con la libertad y lo hemos sostenido públicamente”, afirmó. Sin embargo, las sentencias a favor de Añez, Camacho y Pumari fueron apeladas por el Gobierno de Luis Arce. El procurador General del Estado, Ricardo Condori, advirtió que los fallos podrían generar cuestionamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que no se cumplirían algunas de sus recomendaciones tras la investigación de la crisis política de 2019.

Entre las recomendaciones de la CIDH se incluye investigar y sancionar a los responsables de las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), donde más de 30 personas murieron por disparos durante la represión militar. Los juicios contra Añez por estos hechos fueron anulados y derivados a la Fiscalía General del Estado para ser tratados mediante juicios de responsabilidades. De igual forma, tres militares juzgados por estos episodios fueron liberados la semana pasada. Camacho obtuvo libertad con detención domiciliaria y permiso laboral, retomando sus funciones como gobernador de Santa Cruz, mientras que Pumari recibió libertad plena. Ambos lideraron las movilizaciones sociales previas a la renuncia de Evo Morales en 2019, tras acusaciones de fraude electoral y un motín policial.

La ex presidenta Añez, por su parte, espera el resultado de su apelación a la sentencia de diez años obtenida en 2023 por la forma en que asumió el Gobierno tras la renuncia de Morales. Saucedo aseguró en X que “la Justicia se encamina a restablecer el Estado de Derecho”.