Polonia aprobó una reforma legal que establece la aplicación de castración química obligatoria para personas condenadas por delitos sexuales contra menores de 15 años o contra integrantes de su propia familia.

La medida fue impulsada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, luego de un caso que generó indignación en el país, relacionado con un hombre de 45 años detenido en la localidad de Grodzisk por la violación de su hija durante seis años.

Con la nueva normativa, los condenados por estos delitos podrán ser sometidos a este tratamiento médico por orden de un juez, incluso después de haber cumplido una condena en prisión, con el objetivo de reducir el riesgo de reincidencia.

La decisión generó respaldo entre sectores de la población polaca que consideran la medida una herramienta para proteger a los menores y sancionar con mayor severidad a los responsables de delitos sexuales.

Sin embargo, la aprobación de esta normativa también provocó cuestionamientos a nivel internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos y algunos sectores políticos de la Unión Europea expresaron su rechazo, señalando que la castración química obligatoria podría entrar en conflicto con normas constitucionales y tratados internacionales, al considerarla una forma de castigo físico.

El debate continúa abierto entre quienes defienden medidas más estrictas contra los agresores sexuales y quienes cuestionan el uso de tratamientos médicos obligatorios como sanción penal.