El Gobierno de Montenegro se encuentra en medio de un escándalo tras la difusión de vídeos íntimos entre dos altos funcionarios, que habrían sido grabados con fines de extorsión. Los protagonistas son Dejan Vukšić, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional (ANB) y asesor presidencial, y Mirjana Pajković, exsecretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías. Ambos dejaron sus cargos a raíz de la investigación abierta, aunque inicialmente se informó que sus renuncias se debían a “razones personales”.

Según la versión de Vukšić, Pajković habría tomado su teléfono móvil de manera indebida, desde donde se difundieron los vídeos y audios de contenido sexual. El exjefe de inteligencia calificó este hecho como una grave violación de su privacidad y negó ser responsable de la difusión.

Las filtraciones incluyeron además audios donde presuntamente Vukšić amenaza a Pajković desde una línea telefónica de la oficina presidencial. El exfuncionario indicó que estos mensajes fueron publicados “selectivamente y fuera de contexto”, más de un año después de haber sido grabados.

En marzo de 2025, Vukšić recibió mensajes anónimos con amenazas de extorsión, en los que se le exigía retirarse de la candidatura a juez del equivalente al Tribunal Constitucional, bajo advertencias de que se divulgaría más material sensible.

Ambos exfuncionarios se presentaron ante la justicia. Vukšić presentó una querella contra Pajković y terceros desconocidos por delitos de extorsión, sustracción de bienes y manipulación ilícita de teléfonos móviles. Por su parte, Pajković registró tres acciones penales contra su antiguo superior, acusándolo de filtrar contenido íntimo y de abusar de su autoridad para obtener información personal y coaccionarla.

La controversia se intensificó con la divulgación de grabaciones aportadas por Pajković, donde Vukšić advierte que el contenido sensible se haría público en todo Montenegro, generando gran repercusión política y mediática en el país.