Este lunes entró en vigor una reforma inédita en México con la posesión de más de 2.000 jueces, magistrados y autoridades judiciales elegidas por voto popular, entre ellos los integrantes de la Suprema Corte. El proceso, que tuvo apenas un 13% de participación electoral, fue criticado por la oposición y organizaciones civiles debido a denuncias de irregularidades y presunta cooptación política.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el inicio de una “nueva era” que, según afirmó, pondrá fin a prácticas de nepotismo y corrupción en la justicia. Entre los nuevos magistrados resalta Hugo Aguilar, de origen mixteco, quien asumió la presidencia de la Suprema Corte, compuesta en su mayoría por perfiles cercanos al oficialismo.

Sin embargo, sectores críticos advierten que esta reforma no garantiza una mejora en la lucha contra la impunidad, que supera el 90% en el país, sino que abre la puerta a la politización de la justicia. La organización Defensorxs alertó sobre al menos 25 jueces electos con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, entre ellos Silvia Delgado, exabogada del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, ahora jueza penal en Chihuahua.

La segunda fase de este proceso se prevé para 2027, cuando se renovarán otros cargos judiciales a nivel nacional y estatal.