Desde el año 2013, Bolivia ha sido escenario de un intenso debate en torno a un conjunto de leyes y decretos que, según críticos y ambientalistas, han contribuido significativamente a la deforestación y los incendios forestales en el país.

A estas normativas se les ha denominado "leyes incendiarias" debido a su impacto negativo en el medio ambiente.

Leyes Controversiales

La controversia comenzó con la promulgación de la Ley 337 en 2013, durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Esta ley, denominada "De apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques", permitía el desmonte de predios sin la aprobación del Estado hasta 2011.

La medida fue vista como un impulso a la expansión agrícola, pero también como un incentivo para la deforestación indiscriminada.

En 2014, la Ley 502 amplió el plazo para suscribirse al programa de producción de alimentos y estableció sanciones administrativas para pequeñas y medianas propiedades.

Sin embargo, estas sanciones fueron consideradas insuficientes por muchos expertos en medio ambiente, quienes señalaron que las prácticas de desmonte continuaron sin un control adecuado.

La Ley 741 de 2015, que permitía el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades comunitarias y pequeñas para actividades agropecuarias, fue una de las más criticadas.

Aunque su objetivo era garantizar la seguridad alimentaria, los datos muestran que entre 2015 y 2022 se desmontaron 460.000 hectáreas, mientras que la superficie destinada a cultivos alimentarios solo alcanzó las 40.800 hectáreas.

Este desbalance ha generado fuertes críticas por parte de activistas, quienes han exigido la abrogación de la ley por considerarla perjudicial para el medio ambiente.

En 2018, la Ley 1098 ordenó la ampliación de cultivos destinados a la producción de alcohol anhídrido y biodiésel, lo que fue percibido como una medida que favorecía la expansión agrícola a expensas de los bosques.

Esta ley fue seguida por la Ley 1171 de 2019, que perdonaba multas por quemas realizadas sin autorización, un hecho que, según los críticos, incentivó aún más las prácticas destructivas.

La combinación de estas leyes ha llevado a un aumento significativo en los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad en Bolivia, según denuncian los ambientalistas.

Las "leyes incendiarias" se han convertido en un tema central de debate en el país, con llamados cada vez más urgentes para su revisión y, en algunos casos, su abrogación.