Un ingeniero de software en Texas, Estados Unidos, enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión tras ejecutar un ciberataque contra su exempresa como acto de venganza. Davis Lu, quien trabajó durante 11 años en Eaton Corporation, una multinacional de energía con sede en Beachwood, Ohio, diseñó un "Kill Switch" para desatar un colapso en los sistemas internos de la compañía al momento de su despido.

Un plan de sabotaje premeditado

En 2018, la empresa redujo las responsabilidades de Lu y limitó su acceso a sistemas internos, lo que generó en él la sospecha de un despido inminente. Ante esto, el ingeniero planeó una respuesta drástica: instalar un malware oculto que activaría un "interruptor de apagado" para paralizar las operaciones de Eaton Corporation.

El código malicioso, denominado IsDLEnabledinAD, se ejecutaba automáticamente cuando las credenciales de Lu eran desactivadas en el sistema. Su estructura tenía dos componentes:
"Hakai": bloqueaba servidores mediante bucles infinitos en Java, impidiendo el acceso de los usuarios.
"HunShui": eliminaba perfiles de usuario y datos críticos, causando pérdidas masivas de información.

Consecuencias del ataque

El 9 de septiembre de 2019, tras el despido de Lu, el software malicioso se activó, colapsando los sistemas de la empresa a nivel mundial. Miles de empleados fueron bloqueados, sus archivos desaparecieron y la empresa sufrió pérdidas económicas valoradas en cientos de miles de dólares.

Aunque Lu intentó borrar evidencias encriptando su computadora corporativa, los investigadores rastrearon el ataque hasta un servidor al que solo él tenía acceso. Además, hallaron en su historial de búsqueda información sobre cómo ocultar procesos y eliminar archivos rápidamente.

Fallo judicial y posible condena

En 2021, Lu fue declarado culpable de sabotaje informático y daños a servidores protegidos. El Departamento de Justicia de EE.UU. determinó que usó sus habilidades técnicas para afectar deliberadamente a la multinacional. Tras un juicio de seis días, recibió una condena de hasta 10 años de prisión, aunque aún tiene opción de apelación.