El Grupo de Puebla expresó su preocupación por la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora y cuestionó el accionar de la justicia boliviana, señalando posibles riesgos de lawfare en el proceso iniciado por el caso Fondo Indígena. El colectivo internacional de exmandatarios y figuras políticas pidió que se respeten plenamente las garantías procesales del exmandatario y que se garantice su derecho a una defensa efectiva.

En un pronunciamiento público, el foro calificó como “jurídicamente confuso y políticamente sensible” que hechos ocurridos en el pasado se activen penalmente solo después de que concluye una gestión presidencial. Afirmaron que este tipo de patrones, registrados también en otros países de la región, afectan la confianza ciudadana en la justicia y debilitan el Estado de Derecho.

Arce fue aprehendido el miércoles en la zona de Sopocachi, en La Paz, dentro de la ampliación de la investigación por el desfalco al Fondo Indígena durante la gestión 2009, a raíz de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty. Según la Fiscalía, el entonces ministro habría autorizado desembolsos para proyectos que terminaron beneficiando a particulares y dirigentes vinculados al MAS.

El Grupo de Puebla advirtió que el caso podría mostrar un uso selectivo del sistema penal y anunció que hará un seguimiento permanente en defensa de las garantías constitucionales y de los derechos políticos. El pronunciamiento fue firmado por figuras como Alberto Fernández, Rafael Correa, Marco Enríquez-Ominami, Rafael Michelini, Aida García Naranjo, entre otros integrantes del bloque regional.