El Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió recientemente una serie de recomendaciones al Estado boliviano sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está siendo procesado por su presunta participación en la crisis política de 2019.

Sin embargo, el gobierno de Bolivia ha descalificado estas recomendaciones, calificándolas como "sesgadas" y "desactualizadas". El ministro de Justicia, César Siles, aseguró que el informe del grupo de expertos no tiene carácter vinculante y que fue emitido sin tomar en cuenta los últimos avances en el proceso judicial de Camacho.

El gobierno boliviano explicó que las recomendaciones fueron basadas en una solicitud realizada por la defensa de Camacho en 2022, y que en ese momento el proceso se encontraba en la etapa preparatoria.

Actualmente, el caso se encuentra en la fase de juicio, con el proceso de declaraciones testificales de cargo ya finalizado y la etapa de descargos comenzando el 31 de marzo. Siles señaló que las recomendaciones no reflejan el estado actual del caso, por lo que se prepara una solicitud para revisar el informe.

Además, el ministro señaló que las recomendaciones del Grupo de Trabajo son contradictorias con el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no considera que haya violación de derechos en el caso.

Por su parte, el abogado defensor de Camacho, Martín Camacho, comentó que aún no han recibido oficialmente el informe y esperan su notificación entre el viernes y el lunes. Camacho fue detenido en diciembre de 2022 en un operativo que su defensa considera violatorio de sus derechos, ya que fue arrestado sin una orden de aprehensión formal y en condiciones que la defensa considera violentas.