El ministro de Justicia, César Siles, calificó como “sesgado y desactualizado” el informe de un Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que emitió recomendaciones al Estado boliviano sobre la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado por la crisis política de 2019.

Siles enfatizó que el documento “no es vinculante” y que solo representa una opinión de los expertos de Naciones Unidas. Además, señaló que el informe no refleja la actualidad del proceso judicial, ya que la solicitud de revisión fue presentada en 2022 por la defensa de Camacho y los descargos del Estado boliviano fueron entregados en 2023.

Según la autoridad, el proceso contra el gobernador ha avanzado significativamente y actualmente se encuentra en la etapa de juicio, con la fase de declaraciones testificales de descargo programada para el 31 de marzo.

El Gobierno boliviano, en conjunto con la Procuraduría General del Estado y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno, trabaja en la preparación de una respuesta oficial para solicitar la revisión del informe.

“El documento no toma en cuenta los acontecimientos recientes y contradice el dictamen del Grupo de Expertos Independientes de la CIDH”, sostuvo Siles, reiterando que el Estado boliviano no comparte las conclusiones de la ONU y que las recomendaciones emitidas pueden ser revisadas.