El presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, promulgó la Ley N°1670 con el objetivo de proteger y defender los derechos fundamentales de prestatarios afectados por la crisis. La norma, de carácter excepcional, establece la suspensión temporal por seis (6) meses de órdenes judiciales de embargo, ejecución de sentencias, remates y desapoderamientos que afecten bienes de garantía o de titularidad de deudores de créditos de vivienda de interés social. La Ley advierte que cualquier acción que contravenga esta disposición será nula de pleno derecho, con la responsabilidad correspondiente para la autoridad o entidad incumplidora.

El Artículo 3 de la Ley N°1670 dispone el diferimiento automático de los pagos de las cuotas por un plazo de seis (6) meses, computables a partir de su publicación, para dos categorías específicas de prestatarios. Esta medida aplica a los créditos otorgados para vivienda de interés social y a los créditos destinados a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña. El diferimiento incluye la suspensión de los pagos a capital e intereses, seguros, comisiones y otros cargos, buscando aliviar la carga financiera de los sectores más vulnerables.

La Ley garantiza de manera explícita que las medidas excepcionales no implicarán el incremento de las tasas de interés, la aplicación de sanciones o penalizaciones por mora, ni el cobro de intereses acumulados o anatocismo. Asimismo, prohíbe la aplicación de costos administrativos adicionales contra los prestatarios y asegura la conservación de los términos y coberturas de las pólizas de seguro de desgravamen hipotecario. No obstante, el diferimiento automático, el Artículo 4 permite la continuidad del pago de créditos a aquellos prestatarios que lo soliciten expresamente, mediante mecanismos habilitados por las entidades financieras.

Sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de octubre, la Ley fue promulgada en la Casa Grande del Pueblo este 5 de noviembre, marcando una de las últimas acciones del gobierno saliente. Finalmente, la Disposición Final Única instruye al Órgano Ejecutivo a reglamentar la presente Ley mediante Decreto Supremo en un plazo de hasta diez (10) días hábiles, asegurando su correcta implementación. Esta medida de excepción busca brindar un respiro económico a las familias y a los pequeños negocios en un momento crítico.