El Gobierno aprobó el Decreto Supremo N°5470, una norma crucial que modifica el Reglamento del Estatuto del Funcionario Público (Ley N° 2027). El propósito fundamental de este decreto es garantizar el pago de vacaciones acumuladas a todos los servidores del sector público. Esta medida, emitida el 8 de octubre, busca resguardar los derechos laborales y sociales de los funcionarios estatales en todo el territorio nacional.

La nueva normativa detalla las fuentes de financiamiento para estas obligaciones pendientes. Las entidades públicas que cuenten con recursos propios deberán cubrir los pagos dentro de su presupuesto institucional ordinario. Sin embargo, aquellas que dependan directamente del Tesoro General de la Nación (TGN) podrán acceder a apoyo financiero, sujeto a una previa y rigurosa evaluación presupuestaria por parte del Ministerio de Economía.

El decreto refuerza la legislación vigente sobre el descanso anual y su correspondiente compensación económica en caso de acumulación. Al exigir el cumplimiento en los plazos establecidos, el Gobierno busca eliminar la discrecionalidad y la acumulación indefinida de este beneficio laboral. Esta acción fue emitida desde la Casa Grande del Pueblo como parte de las políticas de cumplimiento de derechos sociales.

Esta disposición no solo beneficia a los funcionarios, sino que también establece un marco de mayor responsabilidad financiera para las entidades estatales. Al exigir el manejo eficiente de los presupuestos para cubrir estas obligaciones, el Gobierno busca la transparencia y previsibilidad en la gestión de recursos humanos y el respeto de los beneficios adquiridos por los trabajadores del Estado.