Tras meses de negociaciones y tensiones de último momento, el Gobierno de España y la Iglesia Católica han ratificado el procedimiento definitivo para la reparación económica de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, específicamente para aquellos casos que ya han prescrito legalmente. El nuevo mecanismo entrará en funcionamiento el próximo 15 de abril.

Evaluación "caso por caso" en lugar de baremos fijos A diferencia de modelos implementados en países como Irlanda o Australia, donde existen tablas de cuantías preestablecidas, el sistema español ha optado por una evaluación individualizada de cada solicitud.

Criterios de reparación: Las indemnizaciones que la Iglesia deberá pagar serán determinadas por el Defensor del Pueblo, basándose en cuatro factores fundamentales:

La edad de la víctima al momento de los hechos.

El grado de violencia ejercida.

La duración del delito (si fue un hecho aislado o prolongado en el tiempo).

La relación jerárquica o de confianza con el agresor.

El Defensor del Pueblo como árbitro: Esta figura será la encargada de elaborar las propuestas de reparación y tendrá la última palabra en caso de que no exista acuerdo entre la víctima y la institución religiosa.

Discrepancias y críticas de las asociaciones El acuerdo llega después de que la Iglesia intentara dar un paso atrás hace diez días por desacuerdos en el mecanismo, lo que generó malestar en el Ejecutivo y en los colectivos de afectados.

Dos vías de reclamación: A partir de abril, las víctimas deberán elegir entre este nuevo protocolo oficial o el plan de reparación integral que la propia Iglesia lanzó en 2024.

Denuncias de "cuantías humillantes": Diversas asociaciones de víctimas han criticado duramente el plan propio de la Iglesia, calificando sus propuestas de indemnización como "ridículas y humillantes", por lo que ven en el nuevo protocolo estatal una oportunidad para una justicia más digna.

Falta de baremos: Los afectados lamentan que no se hayan fijado montos mínimos, argumentando que la evaluación individualizada podría generar arbitrariedades o procesos revictimizantes al tener que demostrar nuevamente el daño sufrido.

Este protocolo marca un hito en la responsabilidad civil de la Iglesia española, aunque el éxito del proceso dependerá de la agilidad y la sensibilidad con la que el Defensor del Pueblo gestione las solicitudes a partir de su apertura oficial.