La historia del exministro Arturo Murillo es una de las más controversiales en la política reciente de Bolivia. Considerado el "hombre fuerte" del gobierno de Jeanine Áñez, Murillo no formó parte de la despedida oficial de ese régimen, pues misteriosamente abandonó el país el 5 de noviembre de 2019, junto al entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López. Su salida marcó el inicio de un periplo que lo llevaría a enfrentar la justicia fuera de sus fronteras.

En marzo de 2021, Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron detenidos en Estados Unidos acusados de intento de soborno y lavado de dinero. Ambos se declararon culpables y cumplieron sus penas en el país norteamericano. El caso estaba directamente vinculado a la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares a través de la firma intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS).

En Bolivia, el panorama judicial de Murillo es igualmente complejo. El Fiscal General, Roger Mariaca, confirmó que el exministro tiene 15 procesos penales pendientes en su contra. Dos de estos casos ya cuentan con sentencia judicial: el caso "Gases Lacrimógenos" y el caso "Gases Ecuador", ambos relacionados con la adquisición irregular de material antidisturbios durante la gestión de Áñez.

A lo largo de su carrera política, Murillo se caracterizó por su lenguaje confrontacional y sus frases polémicas. Entre sus declaraciones más recordadas se encuentra su amenaza de "cacería" contra opositores políticos y su rotunda negación de haber cometido delitos, afirmando: "No he robado, no he matado, no he asesinado". Estas palabras contrastan con las condenas que ahora pesan sobre él y las críticas de su propia exmandataria, Jeanine Áñez, quien lo calificó de "decepcionante".

El reciente retorno de Murillo, deportado desde Estados Unidos, cierra un ciclo en su vida política y judicial. De ser el hombre más poderoso de un gobierno de facto, se convierte en un ciudadano que deberá rendir cuentas a la justicia boliviana por los numerosos procesos que enfrenta, incluyendo la anulación de los casos de las masacres de Sacaba y Senkata.