El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, solicitó al Tribunal Supremo autorización para reanudar la deportación de más de 200 migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes son presuntamente miembros del grupo criminal Tren de Aragua.

Esta acción se da en medio de una disputa legal sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 invocada solo en situaciones de guerra.

La administración argumenta que estos migrantes representan un riesgo para la seguridad, especialmente después de un incidente registrado en el centro de detención de Bluebonnet, donde un grupo de 23 detenidos bloqueó accesos, cubrió cámaras de seguridad y amenazó con tomar rehenes. Como medida de seguridad, fueron trasladados al Centro de Detención Prairieland.

El procurador general D. John Sauer presentó la petición al Tribunal Supremo para anular una orden judicial que suspendía las deportaciones.

Según Sauer, los migrantes han tenido tiempo suficiente para presentar recursos legales, pero hasta ahora no se han registrado apelaciones en el Distrito Norte de Texas.

El caso ha generado atención internacional y reaviva el debate sobre el uso de leyes de tiempos de guerra en políticas migratorias.

Mientras tanto, tribunales federales han bloqueado intentos anteriores de deportación, lo que pone en manos del Tribunal Supremo una decisión clave para el futuro de esta medida.