La posibilidad de que el Gobierno de Bolivia declare un estado de excepción cobró fuerza luego de que el Senado aprobara un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020, en medio de las protestas y bloqueos que se registran en el país.

La iniciativa deberá ser tratada ahora en la Cámara de Diputados, donde se prevé su debate este martes. El objetivo del proyecto es dar respaldo legal al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para aplicar esta medida contemplada en la Constitución Política del Estado promulgada en 2009.

El debate surge al inicio de la cuarta semana de bloqueos y protestas, principalmente en la región andina, donde sectores movilizados exigen la renuncia del mandatario. La situación provocó desabastecimiento de alimentos y combustibles en ciudades como La Paz y El Alto.

El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, impulsor de la medida, explicó que el proyecto busca abrogar la actual Ley de Estado de Excepción aprobada en 2020 durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez y promulgada bajo la presidencia legislativa de Eva Copa.

Según Alarcón, la norma vigente limita el accionar del Ejecutivo para utilizar la fuerza legal del Estado mediante una declaratoria de estado de excepción. También cuestionó que el Legislativo tenga facultades para intervenir en las decisiones asumidas por el Gobierno en situaciones de conflicto interno.

La denominada “ley Eva Copa” reglamenta cuatro artículos de la Constitución relacionados con el estado de excepción y establece que, durante su aplicación, no pueden restringirse derechos fundamentales. Además, señala que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir en disturbios civiles cuando la Policía haya sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden.

El artículo 137 de la Constitución establece que el estado de excepción puede declararse en todo o parte del país ante una conmoción interna, aunque aclara que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales.

Asimismo, la Constitución no establece que el estado de excepción implique necesariamente el despliegue de las Fuerzas Armadas, ya que esa decisión dependerá de la valoración que realice el Gobierno.

La decisión del Senado fue rechazada por la Vicepresidencia, encabezada por Edmand Lara, y por la Central Obrera Boliviana (COB), sector que impulsa las protestas contra el Gobierno.

Mediante un comunicado, la Vicepresidencia señaló que la ley vigente busca evitar que el Estado vuelva a responder a conflictos sociales mediante el uso de armas letales, en referencia a los hechos ocurridos durante la crisis política de 2019.