A solo días de haber asumido la presidencia de Chile, José Antonio Kast ha comenzado a ejecutar su estricta agenda migratoria. La primera medida de impacto ha sido la paralización del proceso de regularización de 182.000 personas, una iniciativa que había sido promovida por la administración saliente de Gabriel Boric. Con esta decisión, Kast ratifica su promesa de campaña de aplicar "tolerancia cero" a la migración irregular.

Freno a la regularización y nuevas leyes La medida afecta directamente a un grupo de extranjeros que ya habían entregado sus datos biométricos y domicilios al Estado chileno bajo la gestión anterior.

Cifras en disputa: Se estima que existen 338.000 personas en situación irregular en Chile. De estas, 182.000 esperaban obtener sus documentos tras haberse empadronado voluntariamente.

Impacto económico: Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante, advirtió que la migración aporta el 10% del PIB chileno y que dejar a miles de trabajadores sin papeles vulnera sus derechos básicos y perjudica la economía nacional.

Ofensiva legislativa: El Ejecutivo presentará dos proyectos de ley clave al Congreso:

Sanciones penales: Para quienes ayuden o faciliten el ingreso irregular de migrantes.

Tipificación de delito: Convertir el ingreso clandestino al país en un hecho delictivo.

El "Plan Escudo Fronterizo" en los límites con Bolivia y Perú Cinco días después de su investidura, Kast activó el "Plan Escudo Fronterizo", una estrategia de seguridad que busca sellar las fronteras del norte chileno.

Barreras físicas: El plan contempla la construcción de zanjas y barreras en sectores críticos.

Vigilancia tecnológica: Instalación de sistemas de cámaras de alta resolución y sensores de movimiento.

Despliegue militar: Refuerzo permanente de las fuerzas de seguridad en la frontera con Perú y en diversos puntos de la frontera con Bolivia, considerados zonas de alto flujo migratorio.

¿Es posible una expulsión masiva? Expertos y movimientos sociales cuestionan la viabilidad técnica de las promesas de Kast. Según Cardoza, es prácticamente imposible expulsar a más de 300.000 personas en un solo periodo presidencial.

Capacidad logística: Históricamente, Chile ha logrado expulsar un máximo de 8.000 personas por año (vía administrativa y judicial). A ese ritmo, el plan de Kast tardaría décadas en completarse.

Arraigo social: Muchas de las personas en situación irregular ya tienen empleos, familias y vínculos profundos con el país, por lo que aseguran que "no se van a ir", lo que podría generar una crisis de marginalidad y falta de acceso a servicios si no se ofrecen soluciones reales.