Bolivia volvió a registrar una de las calificaciones más bajas en transparencia fiscal a nivel internacional, según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025. El país obtuvo apenas 11 puntos sobre 100, muy por debajo del estándar adecuado de 61 puntos establecido por esta medición global.

El informe, elaborado en 83 países por el programa International Budget Partnership (IBP) y aplicado en Bolivia por la Fundación Jubileo, evalúa tres aspectos clave: el acceso a la información presupuestaria, la participación ciudadana y el control institucional sobre el uso de los recursos públicos.

Los resultados muestran que Bolivia mantiene la misma puntuación que en la medición anterior y se ubica en el último lugar frente a otros países sudamericanos incluidos en el estudio.

Entre las principales debilidades identificadas está la falta de publicación del proyecto de Presupuesto General del Estado antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa, considerado un documento clave para garantizar la transparencia. De los ocho documentos que evalúa la encuesta, el país solo publicó tres dentro de los plazos establecidos: el Presupuesto Aprobado, el Presupuesto Ciudadano y el informe de fin de año.

En contraste, no se difundieron a tiempo documentos relevantes como el proyecto de presupuesto, los reportes periódicos de ejecución, la revisión de mitad de año ni el informe de auditoría.

El estudio también evidencia rezagos en la participación pública, donde Bolivia obtuvo 13 puntos sobre 100, lo que refleja la ausencia de mecanismos efectivos para que la ciudadanía incida en la formulación y seguimiento del presupuesto.

En cuanto a la vigilancia, el país alcanzó 39 puntos sobre 100, con observaciones a la débil fiscalización de la Asamblea Legislativa y limitaciones en el trabajo de la Contraloría General del Estado.

El informe aclara que estos resultados corresponden a la gestión previa, ya que la evaluación considera únicamente información disponible hasta diciembre de 2024.

Entre las recomendaciones se plantea publicar de manera anticipada el proyecto de presupuesto, mejorar el acceso a la información sobre la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control institucional.

La próxima medición, prevista para 2027, evaluará el desempeño del país con base en la gestión fiscal de 2026, lo que abre una ventana para aplicar ajustes que permitan mejorar los niveles de transparencia.