El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó este martes que el proceso contra el dirigente de los panificadores Rubén Ríos y el exgerente de Emapa, Franklin Flores, no responde a una persecución política, sino a un daño económico ocasionado al Estado por el manejo de la subvención de harina.

Justiniano informó que el perjuicio estimado por esta irregularidad asciende a más de Bs 5 millones, cifra que fue denunciada por el propio ministerio. Sin embargo, la Fiscalía calcula que el daño llega a los Bs 6 millones. De acuerdo con las investigaciones, el Ministerio Público identificó un “clan familiar” que habría operado de manera irregular, presuntamente liderado por Ríos.

Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), fue aprehendido y aguarda su audiencia de medidas cautelares. Su hijo también fue arrestado, mientras que otro de sus hijos y su expareja están siendo buscados por la Policía. Ríos enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado.

El otro implicado es Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), declarado rebelde tras incumplir su detención preventiva por un caso previo relacionado con supuestas irregularidades en la construcción de una planta de papa.

El ministro Justiniano sostuvo que existen “serios indicios de malos manejos” en la subvención de harina destinada a los panificadores y aseguró que todas las denuncias serán investigadas para esclarecer el destino de los recursos. Señaló además que la presunta red de corrupción sería más amplia y alcanzaría a otros familiares del dirigente.

“Esto no es persecución política, esto es robo a cada una de las familias bolivianas”, afirmó Justiniano, quien dijo esperar que las acciones de la Fiscalía permitan recuperar el dinero presuntamente sustraído.