El panorama de transitabilidad y conflictividad social en el territorio nacional continúa agudizándose. Bolivia arranca este miércoles su jornada 34 de protestas consecutivas con un registro oficial de al menos 85 puntos de bloqueo activos en las carreteras de la Red Vial Fundamental, según el último reporte del mapa de monitoreo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Las movilizaciones, impulsadas por sectores campesinos, obreros y bloques afines al expresidente Evo Morales que exigen la dimisión del presidente Rodrigo Paz, mantienen incomunicadas a cinco regiones del país, concentrándose con mayor rigor en el eje occidental y los valles.

Cochabamba y La Paz se mantienen como los epicentros del cerco vial De acuerdo con los datos técnicos de transitabilidad actualizados en las primeras horas de la mañana, la distribución geográfica de los cortes de ruta expone el aislamiento severo de los principales centros urbanos:

Cochabamba: Se consolida de forma invariable como el núcleo principal de la extrema medida de presión, contabilizando 28 puntos de bloqueo que impiden la conexión del oriente con el occidente del país.

La Paz: Ocupa el segundo lugar con 19 vías completamente obstaculizadas, asfixiando logísticamente a la sede de Gobierno y a la urbe alteña.

Potosí y Oruro: Registran altos niveles de conflictividad caminera con 14 y 13 puntos de bloqueo, respectivamente, obstruyendo las rutas troncales hacia el sur y los recintos fronterizos.

Chuquisaca y Pando: Reportan un panorama de transitabilidad restringida con 9 puntos de bloqueo en territorio chuquisaqueño y 2 puntos específicos en el norte pandino.

En el caso del departamento de Santa Cruz, el mapa oficial de la ABC no refleja rutas cortadas formalmente en esta jornada tras los recientes acercamientos institucionales; sin embargo, reportes de transportistas locales confirman que el bloqueo de protesta en el ingreso estratégico al municipio de San Julián aún persiste de manera física, impidiendo el flujo vehicular normalizado hacia la Chiquitania y el departamento de Beni.

El saldo trágico asciende a diez muertes por efectos directos del conflicto El mantenimiento inflexible de los cercos carreteros durante cinco semanas consecutivas continúa cobrando un alto precio intangible en vidas humanas humanas, acumulando un saldo trágico de al menos diez fallecidos a nivel nacional. Las restricciones de paso en los puntos de control sindical han derivado en una crisis humanitaria que golpea de forma directa la salud pública.

Uno de los decesos más recientes y desgarradores concierne a una niña de tan solo 12 años que residía en la localidad fronteriza de Tambo Quemado, en el departamento de Oruro. La menor, que padecía una enfermedad de gravedad, requería ser trasladada de forma urgente hasta la ciudad de La Paz para ser internada en el Hospital del Niño y recibir sesiones vitales de radioterapia. Las barricadas impuestas en las carreteras impidieron el paso de la ayuda médica oportuna, lo que terminó desencadenando su fallecimiento y encendiendo las alarmas de los organismos defensores de los derechos humanos.

Fiscalía General del Estado ordena abrir procesos contra los bloqueadores Ante la falta de soluciones por la vía de la concertación y la radicalización de las medidas de presión, el Ministerio Público determinó asumir un rol activo en defensa de la libre circulación ciudadana. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó sobre la emisión de un instructivo vinculante para todas las fiscalías departamentales que da luz verde para el inicio inmediato de acciones legales y penales frente a los bloqueos registrados en el territorio boliviano.

La determinación instruye a las comisiones de fiscales activar los procesos judiciales correspondientes, ya sea actuando de oficio ante la flagrancia de los delitos viales o canalizando las denuncias formales presentadas por los ciudadanos afectados por el cerco. Mariaca enfatizó que cada Fiscalía Departamental cuenta con una unidad de análisis encargada de verificar que las acciones cumplan rigurosamente con los requisitos de admisibilidad legal, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y el principio de presunción de inocencia de los investigados, en un intento por frenar el estrangulamiento económico y civil que padece el occidente boliviano.